Están obligados partidos políticos a recuperar confianza de campesinos e indígenas: UFIC

Están obligados partidos políticos a recuperar confianza de campesinos e indígenas: UFIC

En entrevista, Rocío Miranda Pérez, Presidenta Nacional de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), demandó que es momento de que los partidos políticos, PRI, PAN y PRD, aprovechen positivamente su confianza de que “el movimiento campesino sea el eslabón que una a los miembros del Pacto por México ante la crisis política que éste organismo padece como parte de la falta de credibilidad que tienen las instituciones a la hora de aplicar los programas, que lejos de ser políticas públicas se convierten en programas clientelares.

La líder agraria dijo que ante el descrédito del Gobierno Federal en el pacto, los actores políticos deben aplicar la “democracia económica hacia los campesinos” para recuperar la confianza de millones de ejidatarios e indígenas a través de erradicar los “programas clientelares”.

Miranda Pérez, insistió en su exigencia a los partidos políticos, PRI, PAN y PRD, para que otorguen respeto a los campesinos, a los productores, pues sostuvo que los campesinos e indígenas son la gente que menos cree en ellos por lo que urge revalorar la ética política y hacer política económica.

“Mientras la propiedad social no sirva de garante para que los campesinos tengan créditos a tasas blandas o cero, el campo no podrá tener productividad”, advirtió.

Dijo, que como Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, la demanda central, en la Mesa de Diálogo con el Consejo Rector del Pacto por México rumbo al Pacto del Estado con el Campo y la formulación democrática del Programa Especial Concurrente 2014, es la aplicación de programas y políticas públicas de largo plazo con presupuestos multianuales.

Propuso a los integrantes del Pacto por México incluir en las 11 acciones convenidas, este fin de semana con el Gobierno Federal, blindar los procesos electorales en puerta, crear la Contraloría Social para supervisar el manejo transparente de los programas sociales.

Indicó que la participación de las organizaciones sociales, específicamente las campesinas e indígenas, son necesarias en esta Contraloría Social, ya que este sector poblacional es susceptible de ser coptado por parte de las Redes Electorales para beneficiar a algún partido político.

Confío en que las once acciones para blindar los procesos electorales y los comicios que se realizarán el 7 de julio de 2013, así como siete acuerdos estructurales para erradicar el uso electoral de los programas sociales de los tres ámbitos de gobierno, en donde se anexa un adéndum al Pacto por México, sirvan a la gobernabilidad del país.

Sostuvo que los campesinos están necesitados de programas que les permitan hacer valer su producción y arraigarse en sus comunidades, por lo que ellos sí están alejados de las contiendas electorales e intereses partidarios.

Por ello, consideró que serán las organizaciones campesinas quienes en estos momentos le podrán dar continuidad al Pacto por México, siempre y cuando se generen políticas públicas que tengan incentivos para el sector rural, pues no hay que olvidar que está pendiente la reforma hacendaria y por tanto la reforma crediticia para el campo.

Consideró que debe existir equidad en el ejercicio presupuestal, es decir, contar con una democracia formal ejercida desde los partidos políticos y reflejada en la democracia económica hacia los que menos tienen.

Por ello se pronunció a favor de la agricultura campesina familiar de escala donde se produzca para el autoconsumo y donde los pequeños excedentes permitan fortalecer el mercado interno.

“Este panorama, en los días previos a la instalación de la Mesa de Diálogo con el Consejo Rector del Pacto por México, demanda de los partidos políticos y las instituciones públicas “voluntad política” para hacer una revisión, desde cero, de las Reglas de Operación de los programas que se integran al Programa Especial Concurrente 2014″, apuntó.

Puntualizó que el Gobierno Federal, este año, impulsa a través de SAGARPA paripasos donde los gobiernos estatales sólo aportan un 20 por ciento y el Gobierno federal un 80 por ciento en programas destinados al sector rural; sin embargo, se quejó que los gobernadores no cumplen con su parte.

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