México.- Lucha Anticorrupciòn; bienvenida

OPINIÓN

*JUAN MARTÍNEZ VELOZ

En meses pasados se anunció por el presidente de la república Lic. Enrique Peña Nieto la creación y reforma de unas 7 leyes del ámbito federal para impulsar lo que se ha llamado “Sistema Nacional Anticorrupción”.

Las leyes que se han modificado o se modificaran son las siguientes: Ley General del Sistema Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; Código Penal; Ley de la Fiscalía General de la República.

También la prensa ha dado cuenta de diferentes casos de ex gobernadores que por diferentes tipos de responsabilidad, política, administrativa o penal han sido sancionados (o están en proceso) durante el periodo de gobierno del actual presidente de la república Lic. Enrique Peña Nieto (Aguascalientes, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz).

Saludamos este nuevo esfuerzos para combatir uno de los males endémicos no solo de México sino de todo sistema político, la corrupción (entiéndase por ella la obtención de dinero de manera ilegal a cambio de favores especiales de servidores púbicos).

Desde la época Colonial han existido en la Nueva España leyes para combatir la corrupción sin embargo raramente se han aplicado (Juicio de Residencia). El Juicio de Residencia también fue contemplado en la Constitución de Apatzingan del 22 de octubre de 1814 (arts. 59; 202-231).

Los diferentes códigos penales que han tenido México y los estados de la federación desde el siglo XIX han contenido siempre un Titulo Espacial dedicado a los delitos de los Servidores Públicos. Aparte de las leyes federales y estatales de responsabilidad de los servidores públicos a partir del gobierno de Miguel de la Madrid en 1982.

La Constitución General de la República también tiene un Titulo Especial dedicado a los Servidores Públicos (Titulo Cuarto; Arts. 108-114).

Creemos que el mensaje es claro tanto de los Poderes Federales, el Presidente de la República (la PGR) y los nuevos gobernadores en los Estado; NO A LA IMPUNIDAD.

Este lapso de gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto 2012-2017 contrasta con los anteriores periodos de gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón donde prácticamente ningún gobernador o ex gobernador fue procesado.

Esto requiere un buen estudio para no incurrir en precipitaciones. Algunos testimonios (libros) como el de Roberto Madrazo y el de Andrés Manuel López Obrador posteriores a 2006 dan algunos elementos para entender esta situación; están ligados a la debilidad política de esos ex presidentes por diferentes situaciones.

Los coahuilenses también hemos tenido en el pasado nuestros malos gobernantes ligados a la corrupción. Recordamos en el sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982), el ex gobernador coahuilense Oscar Flores Tapia (1975-1981) fue condenado por un juez de distrito en Coahuila por el delito de “enriquecimiento inexplicable” que contemplaba la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la época, tan solo tres meses antes de terminar su mandato.

EPN ha mantenido una actitud firme en el combate a la corrupción, sin los aspavientos de Miguel de la Madrid y su RENOVACION MORAL DE LA SOCIEDAD” y sin el uso electorero de los procedimientos sancionatorios como anteriormente como el caso de la denuncia de la deuda de Coahuila en 2011.

Bien a secas (sin triunfalismos) el cumplimiento del Presidente de la República, los Poderes Federales y Locales en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

Es claro que la última palabra las tenderán los jueces y tribunales en la materia que seguramente harán los mejor para México y para la justicia que obra en los expedientes y audiencias penales que se están llevando a cabo.

*Los colegios de abogados y las asociaciones de defensa de los derechos humanos deben darle seguimiento a este tipo de procedimientos para evitar excesos de las autoridades en el tema.

*El Instituto Nacional Electoral (INE) dentro del ámbito de sus competencias debe intervenir también para exhortar a los partidos para no usar la información de los procesos penales con tintes “electoreros”.

* Se debe privilegiar en el debate político las propuestas de política pública y no las “venganzas políticas”. Además, la tarea de “procuración de justicia” debe recaer en las democracias modernas en un “órgano autónomo” ajeno en cierta medida y distante del gobernante en turno para no recibir “línea” en sus actuaciones.

 

JUANMARTINEZ_VELOZ@YAHOO.COM

 

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