Da nueva Ley de Amparo acceso a la justicia a 8 mil presos indígenas

Da nueva Ley de Amparo acceso a la justicia a 8 mil presos indígenas

La directora general de la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural A.C., Cecilia García, calificó como positiva la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de abrirse al diálogo para conocer la opinión de las personas, pueblos y comunidades indígenas sobre la nueva Ley de Amparo, pues se impulsa el acceso a la justicia de 8 mil presos indígenas en penales federales y de fuero común.

Dijo que dicho Protocolo puede perfeccionarse en el futuro y reiteró que en México hay miles de procesos penales mal elaborados en contra de indígenas a quienes además se les niega la defensoría en su lengua origen.

Cecilia García de confió en que el reconocimiento de los derechos indígenas por parte del Poder Judicial permita que el sistema jurídico y sus juzgadores respondan a la problemática de falta de acceso de los indígenas a la justicia ya que éstos carecen de un intérprete y un defensor que además de hablar su lengua, tenga conocimientos amplios y profundos de su cultura, usos y costumbres.

La lideresa social valoró el anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su ministro presidente, Juan Silva Meza, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, ya que dijo que las organizaciones defensoras de los derechos indígenas están listas hablar de la realidad en el sector y opinar sobre el particular.

Consideró que el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, debe ser una herramienta que auxilie a los juzgadores en la tarea de impartir justicia a los indígenas de todo el país.

Recordó que esta decisión sólo valida aún más el fallo de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, por unanimidad de votos, el pasado 31 de enero, la Primera Sala determinó que las personas que se consideran indígenas tienen el derecho de autodefinirse como tales durante los procesos penales que enfrenten.

Con ello, agregó, la función del intérprete dentro de un proceso penal será indispensable para poner en contexto jurídico a la persona indígena a fin de que conozca el delito que se le imputa para la etapa de desahogo de pruebas.

Indicó que otro elemento esencial en este avance histórico para lograr la impartición de justicia de los pueblos indígenas es la traducción a 30 lenguas de un total de 64 que existen en el país, muchas de ellas en peligro de desaparecer, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Cecilia García, consideró conveniente retomar las cifras que proporcionó la Subsecretaria del Sistema Penitenciario Federal de la Secretaria de Seguridad Pública en funciones hasta 2012 y que hoy está integrada a la Secretaría de Gobernación, la cual indica la existencia de 8 mil 122 indígenas detenidos por estar involucrados en delitos diversos del fuero común y federal.

“Estos hombres y mujeres carecen de una defensa adecuada en su dialecto, pues las mismas estadísticas hablan de que la entidad que más presos indígenas tiene es Chiapas con 1,313 y después Oaxaca con 1,278; y la que menos tiene es Aguascalientes con 3; Guanajuato con 4 , Coahuila 7 y Zacatecas con 9”, expuso.

Finalmente, comentó que en el Distrito Federal, las autoridades capitalinas reconocen la existencia y revisión de dos mil expedientes de indígenas en reclusión para identificar la problemática de los procesos y los casos que podrían recurrir a la liberación anticipada.

Etiquetas:

Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.